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2016/03/15


LA SUPERVIVENCIA DEL CONCIERTO

Artículo firmado por 

 Alexander Zapirain (Abogado)

Suscribe: Mitxel Unzueta (Exsenador de EAJ-PNV)


El pasado 12 de noviembre, el Parlamento Vasco tomó en consideración la proposición de ley sobre la modificación de la organización institucional del País Vasco, conocida como Ley de Territorios Históricos (1983). Según la portavoz del Partido Socialista de Euskadi, Idoia Mendia, la proposición surge para la “modernización del entramado institucional del País Vasco”. Pero son otras las palabras de Mendia que llamaron nuestra atención: “Debemos mejorar la calidad democrática y la transparencia de las instituciones vascas, devolviendo al Parlamento el papel que le corresponde”. ¿Qué papel le corresponde al Parlamento Vasco? ¿Acaso las Juntas Generales carecen de calidad democrática y transparencia? Pero es que, además, Mendia rechazó que para oponerse a su propuesta se apele al núcleo intangible de la foralidad, puesto que “se trata de una expresión que no se sustenta en ningún principio jurídico y que, sin embargo, ha pretendido ser utilizado como concepto jurídico”. Por último, añadió que “lo que plantea esta propuesta es perfectamente encajable en nuestro Estatuto”.

No es cierto que el núcleo intangible foral sea una expresión que no se sustente en ningún principio jurídico. Además, el encaje del sistema fiscal vasco no pende del Estatuto de Gernika, sino directamente de un precepto constitucional: la Disposición Adicional Primera. La redacción e introducción de dicha disposición fue el engranaje que permitió engarzar la realidad y el derecho del pueblo vasco con el de la nueva nación democrática española. En palabras del señor Alzaga Villamil, esta Adicional Primera fue un gesto histórico de comprensión hacia el pueblo vasco. Pero, en realidad, dicha disposición constitucionalizó el régimen jurídico del Concierto.

Esto es lo que llamaríamos el núcleo intangible de la foralidad: su carácter preconstitucional, su rango constitucional, su tratamiento bilateral y pactado, y el ámbito de aplicación (los Territorios Históricos). Por lo tanto, la disposición adicional, lejos de no ser un concepto jurídico, es fuente de derecho. Y lo es porque otorga una titularidad, una capacidad de accionar un derecho, sin necesidad de ninguna otra ley de empoderamiento (como puede ser el Estatuto de Autonomía). Tanto es así que la Constitución no ampara ni respeta cualesquiera derechos históricos de nacionalidades, regiones o provincias, sino sólo los que sean atribuibles a los “territorios forales”. De hecho, el Tribunal Constitucional es claro en este tema: “Se cierra la puerta de la Adicional Primera al ámbito de reivindicaciones de territorios no forales sobre eventuales derechos históricos en el ámbito jurídico-público”.

La Comunidad Autónoma del País Vasco (el Parlamento Vasco) no es una realidad foral y de derecho histórico. Sí lo son las provincias forales o Territorios Históricos, quienes mantienen y a quienes se les reconoce la titularidad de los mismos en el marco de la Constitución en virtud de la Adicional Primera. Ergo, ¿podría existir el Concierto Económico sin la Comunidad Autónoma? Sí. ¿Podría existir la Comunidad Autónoma con Concierto Económico sin territorios históricos titulares de los derechos tributarios? No.

No en vano, el artículo 18 de la LTH, referido a las Haciendas forales, determina la titularidad intransferible del rendimiento de los impuestos y tasas fiscales de los TT.HH. en virtud de la concertación de impuestos. Para un constitucionalista ortodoxo, se trata de una exceptio a la Constitución. De alguna manera, la Constitución reconoce la preexistencia de unos derechos históricos que no dimanan de ella misma. Y si unimos esto al reconocimiento del artículo 2 de la Constitución, donde se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades, nos encontramos ante lo que Jellinek llamaría un “fragmento de Estado”.

Nuestra gran preocupación es que si Mendia anula políticamente el valor jurídico del núcleo intangible de la foralidad, no sería nada inverosímil que el Parlamento llegara un día a aprobar su “propia competencia en materia tributaria en aras de la racionalización y la transparencia”. Ese día será el final del Concierto Económico. La titularidad pasará a la entidad autonómica y el Estado no tendrá otro remedio que aplicar la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA). Si se modifica la LTH para trasladar titularidades fiscales al ente autonómico, la Adicional Primera padecerá una carencia de objeto sobrevenida en el País Vasco, y no serán de aplicación los derechos históricos por ella reconocidos. Existiría una Autonomía, para quien la Constitución tiene bien resuelta su estructura financiera: LOFCA.

Por todo ello, pedimos una mayor prudencia en la actividad legislativa, e invitamos a que se extienda esta reflexión al debatir sobre el carácter jurídico del marco legal de la soberanía fiscal y financiera del País Vasco. No en vano, se vuelven a avecinar tiempos hostiles para uno de los últimos puntos de unión y encuentro de la ciudadanía vasca.

Confiamos en que no sea considerada ésta una puntualización baladí. Nos jugamos mucho pues, como dijo el profesor Monreal, en la Europa del Siglo XXI la fiscalidad será un factor clave en cuanto elemento de identidad política.

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